Quejan a jueces del Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado

Quejan a jueces del Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado

El abogado Jerónimo Villogas Baylón, quejó ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura-Odecma Huánuco, a los jueces del Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado, Marcos Barja Quispe, Nelly Fernández Jilaja y Gunner Garay Bacilio, por realizar actos procesales vulnerando la tutela procesal efectiva.

El letrado informó que los jueces también están vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa del procesado Francisco Ortiz Aldaba, quien es investigado por el presunto delito de violación sexual en grado de tentativa en agravio de una menor de 14 años.


Villogas advirtió que el Colegiado ya tiene la sentencia condenatoria contra su patrocinado y no por celeridad procesal, sino por una inusitada celeridad procesal, porque el 1 de julio se vence la prisión preventiva del investigado.

El abogado aseguró que los jueces quieren sentenciar si o si a su patrocinado por presión del fiscal adjunto de Fiscalía Mixta de Monzón, Miguel Mamani Condori, por ello ayer se retiró de la audiencia que se realizó en el penal de Potracancha, sin embargo los jueces continuarán hoy la audiencia, pero el letrado dijo desconocer esta decisión.

Habeas corpus

Como se recuerda, por este caso el abogado Villogas interpuso demanda de habeas corpus contra el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, Adler Justiniano Guerra, por vulneración de su derecho a la libertad.

El juez demandado emitió la resolución n. ° 15 de junio del 2018, la misma que declaraba fundada en parte la solicitud del representante del Ministerio Público, empero variando la pretensión de adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva al cómputo del plazo de la prisión preventiva y por lo tanto recompuso el plazo de prisión preventiva hasta el 1 de julio del 2018.

Por ello el abogado interpuso recurso de reposición contra dicha decisión, reiterando que la resolución del juez de Leoncio Prado era arbitraria e ilegal por cuanto no se tomó en cuenta lo oralizado por su parte respecto a la pretensión del fiscal provincial, que era un requerimiento de adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva y que resolvió como si la pretensión fuera un cómputo del plazo de la prisión preventiva.

 

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